Impuestos y pensiones alejan a derecha e izquierda en elecciones españolas

La derecha española desea bajar los impuestos y la izquierda subirlos a las rentas altas 

Los responsables económicos, del PP, Daniel Lacalle (i); del PSOE, Daniel Fuentes (2i); de Unidas Podemos, Nacho Álvarez (2d), y de Ciudadanos, Toni Roldán (d), junto a la directora de Información de la Agencia Efe, Soledad Álvarez (c), durante el debate sobre asuntos económicos que se celebra este lunes en la sede central de Efe. EFE

Madrid, 15 abr (EFE).- Impuestos y pensiones de jubilación fueron este lunes las principales causas de discrepancia entre los cuatro principales partidos españoles, pues mientras la derecha quiere bajar tributos para reactivar la economía la izquierda desea subirlos a los más adinerados para mejorar las políticas sociales.

Los responsables económicos del Partido Popular (PP, conservador), Ciudadanos (liberal), del gobernante Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (izquierda) participaron en un debate electoral organizado por la Agencia EFE en Madrid con vistas a los comicios parlamentarios del 28 de abril próximo, que se prevén muy disputados.

El responsable del programa económico del PP, Daniel Lacalle, abogó por una «revolución fiscal» que rebaje impuestos de manera «clara, evidente» a familias y empresas para impulsar así la actividad económica y que sea ésta la que mantenga el Estado del bienestar.

En nombre de Ciudadanos, Toni Roldán defendió «una rebaja de impuestos a cinco millones de familias» por medio de deducciones en el impuesto sobre la renta (IRPF) o la eliminación del de sucesiones, porque «en una economía abierta tienes que tener unos impuestos competitivos».

Sin embargo, el responsable de Economía del Comité de Estrategia del PSOE, Daniel Fuentes, argumentó que «España no puede permitirse una rebaja generalizada de impuestos» porque no hay «base académica empírica» que avale que así aumente la recaudación y porque se necesitan recursos para mejorar el Estado del bienestar.

Por Podemos, Nacho Álvarez coincidió en la necesidad de aumentar la recaudación, aunque analizando «a quién, cómo, cuándo y para qué» se suben impuestos, ya que el objetivo final es «garantizar el Estado del bienestar» a fuerza de ir «eliminando privilegios de rentas más altas».

En pensiones, los cuatro portavoces económicos coincidieron en que deben revalorizarse, pero mientras PSOE y Unidas Podemos quieren asegurar que se actualicen con la inflación, PP y Ciudadanos hacen hincapié en que sólo un mejor empleo puede generar mayores ingresos para financiar las jubilaciones.

«Con un mercado laboral roto, que no genera ingresos por cotizaciones para financiar el sistema, podemos hacer muchas promesas, pero probablemente en el futuro (las pensiones) no podrás pagarlas», advirtió Roldán (Ciudadanos).

En este punto coincidió Lacalle (PP), quien cree que el actual sistema de reparto sólo es sostenible si aumenta el número de grandes empresas y hay mejores puestos de trabajo.

Por su parte, Álvarez (Unidas Podemos) urgió a que la actualización con el índice de precios de consumo (IPC) quede recogida en la Constitución, mientras que Fuentes (PSOE) se mostró favorable a la revalorización con la inflación «real». Además, afeó al PP que ponga al frente de la política de pensiones a «un gestor de fondos de inversión», en alusión a la actividad profesional de Lacalle.

La política de vivienda fue otro de los asuntos candentes del debate, debido al encarecimiento acelerado que experimenta, sobre todo la de alquiler, al calor del crecimiento de los apartamentos turísticos en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona y la llegada al sector de grandes fondos inmobiliarios internacionales.

Unidas Podemos propuso un «control de precios» y un parque público de alquiler social para «cortar dinámicas especulativas», una iniciativa que el PSOE rebaja a «limitar el precio de los alquileres» sin intervención directa (de la Administración) y promover la vivienda pública.

También Roldán defendió la vivienda pública para grupos sociales «vulnerables», pero Lacalle criticó que cualquier tipo de regulación orientada a controlar los precios del alquiler como las que «se hacían en los tiempos de (la dictadura) de Franco» (1939-1975), porque elevaría los precios.

En el debate energético, los representantes de todos los partidos coincidieron en la necesidad de rebajar la factura de la electricidad, si bien PP y Ciudadanos incidieron en la posibilidad de aligerarla de impuestos; y los partidos de izquierda, en cambiar la regulación del mercado.

Mientras Lacalle instó a sacar de la factura eléctrica algunos costes y subvenciones, Roldán apeló a incentivar la competencia. Fuentes, a incorporar nuevas tecnologías; y Álvarez, a «intervenir ya» en el mercado eléctrico.

En empleo, PP y Ciudadanos reprocharon la subida del salario mínimo interprofesional un 22 %, hasta 900 euros mensuales (más de mil dólares) desde enero pasado, según aprobó el gobierno socialista actual con el acuerdo de Podemos, pues creen que grava la creación de empleo y es una medida populista. Por el contrario, piensan que debe subirse con acuerdo social y acompasado al crecimiento económico

PSOE y Unidas Podemos abogaron por aumentarlo progresivamente hasta alcanzar el 60 % del salario medio que marca la Carta Social Europea.